Un país, dos realidades en los acuerdos con el CRIC
Desde 2022, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha firmado y ejecutado más de $646.498 millones en contratos públicos con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Todos están registrados oficialmente en el SECOP I y II.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior lideró un acuerdo secreto por $1,3 billones, fuera del sistema oficial de contratación. Esta diferencia muestra el contraste entre los compromisos públicos y los pactos políticos.
Acuerdos secretos y firmas ministeriales
Según actas y documentos privados revisados por PetroLeaks, más de 10 entidades del Estado participaron en mesas técnicas con el CRIC. Firmaron compromisos multimillonarios sin contar con disponibilidad presupuestal.
Solo el Ministerio del Interior de Alfonso Prada y el Ministerio de Ambiente, encabezado por Susana Muhamad, estamparon su firma oficialmente en septiembre de 2022. El resto se retractó, alegando que no tenía los recursos, aunque se habían comprometido con los indígenas.
La pregunta es clara: ¿cómo compensó el Gobierno de Gustavo Petro estos compromisos? Con poder y autonomía.
El decreto como moneda política
El Decreto 0971 de 2025 otorgó al CRIC autonomía jurídica, territorial y administrativa sin precedentes. En el papel, el Gobierno reconoció:
- El Sistema de Educación Propio (SEIP)
- El Sistema de Salud Intercultural (SISPI)
- La Jurisdicción Indígena
- La Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA)
- La Administración Económica Propia (SIAP)
El Decreto 0971 de 2025 le da al CRIC autonomía no solo como autoridad pública, sino también como actor económico: puede manejar recursos, decidir sobre el uso de la tierra y celebrar contratos o alianzas, incluso con empresas y multinacionales. En la práctica, esto le permite operar como un ente territorial con capacidad empresarial, con menos controles directos del Estado.
Sin embargo, detrás de esta estructura normativa no hubo presupuesto. Según fuentes del Ministerio del Interior, el decreto fue la manera de “pagar” simbólicamente los $1,3 billones prometidos y no entregados.
Gobierno comprometió recursos que no tenía
El acuerdo original con los indígenas involucró a más de diez entidades del Estado: 11 ministerios, Planeación Nacional, el ICBF y la Agencia de Desarrollo Rural. Al momento de formalizar los compromisos, solo el Ministerio del Interior y el de Ambiente firmaron efectivamente. El resto alegó no contar con recursos para respaldar las cifras consignadas en las actas. Aun así, el Gobierno estampó su firma.
Con base en los datos consolidados del Plan Cuatrienal 2022–2026 concertado entre el Gobierno Petro y el CRIC por $1,3 billones, el cronograma financiero prometió desembolsos fraccionados: $200 mil millones en 2023, $285 mil millones en 2024 y $300 mil millones en 2025.
En 2023, sin embargo, solo se gastaron $111.027 millones. Esto equivale al 53,3 % de lo pactado ese año y apenas al 8,5 % del total del plan. De esa cifra, $38.572 millones corresponden a rezagos del gobierno Duque y $72.455 millones a ejecución atribuible al gobierno Petro.
Para 2024, permanecieron $400.000 millones sin concertar, aunque las entidades solo han proyectado $224.000 millones. En 2025, los $300 mil millones anunciados no registran, a la fecha, concertación ni ejecución verificable, quedando íntegramente en el terreno de la promesa.
Brecha entre lo prometido y lo entregado por el Gobierno Petro
La diferencia entre los compromisos financieros y lo realmente ejecutado muestra un patrón: los acuerdos se usaron como herramienta de presión política, sin garantía real de cumplimiento.
Utilizar decretos como acuerdos políticos es una práctica tradicional de ministros o lobbystas; en otras palabras, es firmar un cheque sin fondos.
La base de la política pública proviene del Decreto 1811 de 2017 firmado durante el gobierno Santos.
Decreto 1811 de 2017
Acta comisión mixta : El Gobierno Nacional brindará las condiciones y garantías para la operativización de la política indígena, la integralidad cultural y territorial respetando la autonomía y el gobierno propio de las comunidades indígenas, mediante la implementación y desarrollo de los sistemas propios: el Sistema Indígena de Gobierno Propio SIGP, el Sistema de Autoridad Territorial Económico Ambiental ATEA, el Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, y el Sistema Indígena de Administración Propia SIAP en el marco del objeto del Decreto 1811 de 2017 según los artículos 1, 3 y 6 del presente decreto. (Versión Final de las Bases del PND “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022–2026”).
Fecha: 30 de enero al 04 de febrero 2023
Ejecución del primer Plan Cuatrienal con el CRIC
El Gobierno Duque y el CRIC acordaron al principio de ese gobierno un valor de $700.000 millones. Sin embargo, la ejecución real entre 2019 y 2022 alcanzó apenas $356.000 millones, es decir, un cumplimiento del 51 % del compromiso.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, en cambio, concertó con el CRIC un total de $1,3 billones de pesos. Para 2023, se pactaron $208.463 millones, de los cuales solo se ejecutaron $111.027 millones: $38.572 millones correspondieron a rezagos del gobierno Duque y $72.455 millones a ejecución atribuible al gobierno Petro.
Para 2024, aún quedan $400.000 millones pendientes de concertar, aunque las entidades solo han proyectado $224.000 millones.
Presión y cambios en el Gobierno Petro
Durante las reuniones, el entonces director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, fue clave para presionar la aprobación de los montos. Según una fuente del Ministerio del Interior, su estrategia incluía llamadas en altavoz a Gustavo Bolívar para solicitar, por ejemplo, la adición de $10.000 millones desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Tras la salida de Luis Fernando Velasco del Ministerio del Interior y la llegada de Armando Benedetti, muchos de esos acuerdos fueron desconocidos por las entidades. Actualmente, Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS, niega tener compromisos firmados.
Decisiones clave sobre los recursos del CRIC
El análisis de 20 actas filtradas entre 2022 y 2023 reveló un mapa de poder poco convencional. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) apareció por encima del Ministerio del Interior en la toma de decisiones sobre los recursos destinados al CRIC.
El estudio mostró que el DNP fue determinante para presionar la aprobación de la transferencia de 1,3 billones de pesos, a pesar de las objeciones presupuestales de varios ministerios.
En ese momento, el DNP estaba dirigido por Alexander López, dirigente sindical y político del extinto Polo Democrático. Su influencia fue más política que técnica.
Según una fuente del Ministerio del Interior presente en las reuniones, López recurría en varias ocasiones a llamadas en altavoz a Gustavo Bolívar. Su objetivo era solicitar la adición de 10.000 millones de pesos desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Filtraciones de las reuniones entre el Gobierno Petro y el CRIC
En Popayán, Cauca, durante una reunión privada entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y delegados del Gobierno de Gustavo Petro, una menor de edad tomó la palabra y lanzó una pregunta clara:
“Si hay plata para la guerra, ¿por qué no hay plata para los niños?” Acta comisión técnica, página 6, 2 de diciembre de 2022.
Este momento es un ejemplo de la pregunta de los niños sobre recursos públicos, que evidencia la preocupación de la comunidad frente a la asignación de recursos.
Para las autoridades indígenas, la brecha entre los compromisos oficiales y la realidad se convirtió en una deuda politizada, usada como herramienta de presión con expectativas electorales. Este contexto refleja cómo se gestionó el dinero entregado al CRIC por el Gobierno Petro, entre los contratos públicos y promesas incumplidas CRIC.
Acta Comisión Mixta: doble pacto y dinero entregado al CRIC
El trasfondo muestra un doble pacto con el CRIC. Por un lado, el Gobierno ha entregado más de $646 mil millones mediante contratación pública con el CRIC. Por otro, prometió $1,3 billones adicionales por fuera del SECOP, sin contratos visibles ni respaldo presupuestal verificable.
Al no cumplir con esos recursos, el Ejecutivo optó por compensar con decretos de autonomía, culminando en el Decreto 0971 de 2025.
Desde las plantaciones de hoja de coca en el Cauca, líderes indígenas celebraron la norma como justicia histórica. Este decreto representa la pieza final de un pacto sellado en secreto: la autonomía normativa como moneda para saldar una deuda que el Estado prometió, pero no desembolsó.
La deuda con la que lidiará el próximo presidente
Con el poder otorgado por el Gobierno a los indígenas a través de decretos y acuerdos, el próximo presidente deberá enfrentar un CRIC más empoderado y consciente de su capacidad de presión política.
Los incumplimientos del pasado, tanto del Gobierno como de varios ministros del presidente Petro, han afectado la confianza entre el Estado y las autoridades indígenas, dejando una relación tensa y compleja de gestionar.
Posibles consecuencias para la nueva administración:
- Movilizaciones y paros indígenas.
- Bloqueos en vías estratégicas del Cauca.
- Mayor presión política sobre decisiones presupuestales futuras.
Cronología de los acuerdos fallidos
Preguntas frecuentes sobre el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Gobierno Petro
¿Qué es el CRIC y cuál es su función en Colombia?
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es una organización autónoma que representa a los pueblos indígenas del Cauca, coordinando su gobierno propio, defensa del territorio, cultura y derechos colectivos, así como la gestión de programas sociales y educativos dentro de sus comunidades.
¿Qué consecuencias legales tiene un acuerdo fuera del SECOP?
Los acuerdos fuera del SECOP carecen de registro público en la plataforma de contratación estatal y, aunque puedan ser firmados, su ejecución no cuenta con respaldo formal de ley, lo que puede generar nulidad de los compromisos, falta de control fiscal y riesgos de responsabilidad administrativa para los funcionarios involucrados.
¿Cómo afecta el decreto 0971 de 2025 a otras comunidades indígenas?
El Decreto 0971 de 2025 otorga al CRIC autonomía jurídica, administrativa y territorial, lo que establece un precedente para otras comunidades indígenas en Colombia, permitiendo que reclamen esquemas similares de gobierno propio y gestión de recursos dentro de sus territorios.
¿Qué mecanismos de control tiene el Estado para garantizar cumplimiento de compromisos financieros?
El Estado colombiano supervisa la ejecución de recursos mediante entidades como la Contraloría General, la Procuraduría y el Departamento Nacional de Planeación, que revisan presupuestos, contratos y la correcta utilización de los fondos públicos, con informes periódicos y auditorías.
¿Qué impacto tienen los compromisos incumplidos en programas como el PAE?
El incumplimiento de compromisos financieros reduce los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), limitando la cantidad y calidad de los refrigerios, afectando la nutrición y el acceso a la educación de los niños en las comunidades indígenas y rurales del país.
