¿Qué está pasando en Bogotá por las protestas indígenas?
Desde el lunes 16 de febrero de 2026, Bogotá enfrenta bloqueos por protestas indígenas. Más de 700 personas de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y otros grupos étnicos ocuparon puntos estratégicos de la ciudad.
La situación más crítica pasó en el Centro Administrativo Nacional y en la Universidad Nacional.
Al menos 1.500 funcionarios y contratistas quedaron atrapados en juzgados administrativos y en el Tribunal Superior de Cundinamarca. La Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia) calificó lo ocurrido como “retención ilegal”.
También permanecen cerrados accesos al Ministerio de Educación, al DANE, a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Minas.
Tras no obtener alojamiento por falta de condiciones, los manifestantes ocuparon la Concha Acústica de la Universidad Nacional de Bogotá y edificios administrativos.
El origen económico de las protestas indígenas
Detrás de las protestas indígenas hay una cifra concreta: 1,3 billones de pesos.
Según una investigación publicada por Petroleaks, el Gobierno de Gustavo Petro pactó ese monto con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y organizaciones afines. El acuerdo se habría realizado por fuera del sistema oficial de contratación, conocido como SECOP.
El “Doble Pacto” y el Decreto como moneda de cambio
El Gobierno de Colombia ha operado bajo dos realidades financieras:
- La visible: incluye contratos públicos por 646.498 millones de pesos ejecutados desde 2022.
- La secreta: corresponde a un compromiso adicional por 1,3 billones de pesos. Ese monto no contaba con disponibilidad presupuestal.
En 2023 solo se ejecutó el 8,5 % del plan total. Ante esa dificultad, el Ejecutivo emitió el Decreto 0971 de 2025.
La norma otorga al CRIC autonomía jurídica y administrativa. Les permite gestionar recursos y tierras con mayor independencia.
En términos políticos, el Gobierno entregó “poder” ante la falta de “presupuesto”. Esa decisión cambió el equilibrio institucional y ayuda a entender el escenario actual en Bogotá.
¿Cómo afectan las protestas indígenas a los ciudadanos y a la justicia?
Las protestas indígenas no solo afectan a los funcionarios retenidos en Bogotá. Los bloqueos suspenden audiencias y términos legales. También impactan la movilidad y el comercio en la capital. Sus efectos alcanzan a miles de ciudadanos que dependen de decisiones judiciales y servicios públicos.
Esta situación tiene consecuencias en varios niveles:
- Parálisis de la justicia: al bloquear los juzgados, se suspenden términos legales, audiencias y procesos que afectan los derechos de miles de ciudadanos que esperan sentencias.
- Precedente de “Autonomía por Deuda”: el uso de decretos para saldar deudas financieras crea situaciones donde el control del Estado sobre los recursos y la ley es limitado.
- Inestabilidad en la capital: los bloqueos en la Avenida El Dorado (Calle 26) afectan la movilidad hacia el aeropuerto y el centro de la ciudad, impactando el comercio y la productividad.
El origen y la escalada de las protestas indígenas
Las protestas indígenas que hoy afectan a Bogotá tienen antecedentes desde 2022. Los acuerdos económicos firmados ese año marcaron el inicio de la tensión. Con el paso del tiempo, los compromisos presupuestales no ejecutados aumentaron el malestar y desembocaron en los bloqueos actuales.
La tensión ha escalado en tres etapas clave:
¿Por qué este conflicto nos toca a todos?
El próximo presidente heredará una “bomba de tiempo” fiscal y política. El Gobierno ha empoderado organizaciones sociales con capacidad de bloquear infraestructura del Estado si sus demandas no se cumplen. Además, la tensión entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional deja a los ciudadanos en medio de un vacío de autoridad.
El fondo del conflicto
Las protestas indígenas actuales son el síntoma de una política construida sobre expectativas económicas que el presupuesto nacional no puede sostener.
Mientras el Gobierno expide decretos para ganar tiempo, la administración de justicia y la seguridad jurídica del país quedan atrapadas en medio de los bloqueos.
Conviene mirar el fondo del problema. No se trata solo de una movilización. Se trata de compromisos que superan la capacidad fiscal del Estado y de decisiones que ahora tienen efectos visibles en Bogotá.
Preguntas frecuentes sobre las protestas indígenas en Bogotá
¿Qué exigen exactamente las comunidades indígenas en Bogotá?
Las comunidades reclaman el cumplimiento de acuerdos económicos firmados con el Gobierno Nacional, incluyendo recursos destinados a sistemas propios de salud, educación y justicia.
Desde su visión dentro de la política colombiana, el diálogo es el mecanismo central para cerrar definitivamente el conflicto armado colombiano, incluso con grupos disidentes y estructuras criminales.
¿Qué dice la ley sobre la retención de funcionarios públicos?
El Código Penal colombiano tipifica como delito la retención ilegal de personas, incluso en escenarios de protesta, si se limita su libertad de movimiento.
¿Qué es el Decreto 0971 de 2025?
Es una norma expedida por el Gobierno que otorga mayor autonomía jurídica y administrativa al CRIC, permitiéndole gestionar recursos y territorios con independencia ampliada.
¿Cómo afectan los bloqueos al funcionamiento de la justicia?
Los bloqueos suspenden audiencias, congelan términos judiciales y retrasan decisiones que impactan a miles de ciudadanos en procesos civiles, laborales y penales.
¿Puede repetirse esta situación en otras ciudades?
Si los acuerdos económicos no se cumplen y los mecanismos de diálogo fallan, movilizaciones similares podrían trasladarse a otras regiones del país.
