El martillo golpeó la mesa y, por primera vez en la historia de Colombia, un juez pronunció la palabra “culpable” contra un expresidente en pleno estrado. Álvaro Uribe Vélez —líder político que moldeó dos décadas de la vida nacional— fue hallado responsable de soborno en actuación penal y fraude procesal. Lo que comenzó hace trece años como una denuncia suya contra un opositor terminó este 28 de julio de 2025 con un veredicto que sacude los cimientos de la élite y pone a prueba la madurez de la Justicia colombiana.

A un año de las presidenciales de 2026, el Ejecutivo llega a la recta final con tres piezas clave sin aprobar: la reforma a la salud, la reforma a la educación y una nueva reforma tributaria. El calendario legislativo aprieta, la coalición oficialista se diluye y el riesgo de que la agenda social termine archivada crece cada semana.

En apenas 72 horas, las disidencias del EMC de las FARC secuestraron a nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca en López de Micay (17 de julio) y el ELN mató a tres soldados e hirió a ocho más con drones explosivos en El Carmen, Norte de Santander (20 de julio). Los hechos ponen en entredicho la promesa de desescalar el conflicto antes de fin de año.

Un expediente de 54 artículos radicado el 21 de julio por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ofrece rebajas penales sin precedentes a tres grupos: guerrillas (FARC/ELN), bandas urbanas y jóvenes procesados por las protestas de 2019-2021. La Corte Suprema, Juan Manuel Santos y negociadores de paz lo tildan de “atajo a la impunidad”.