¿Quién está detrás de la campaña digital de Iván Cepeda?
Una investigación de PetroLeaks reveló que SUMAR TIC S.A.S, a nombre de Deyby Cobos empresa que se consolidó como megacontratista durante el Gobierno Petro, está financiando la campaña digital de Iván Cepeda y Pacto Histórico en Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).
Además, la empresa reportó menos dinero a la DIAN y Cámara de comercio del que habría recibido en 2024. Esto indica no solo favores políticos al estilo del clientelismo, sino también una posible evasión de impuestos.
A continuación, explicamos todos los detalles que reveló PetroLeaks sobre esta situación que preocupa a la transparencia electoral.
Los números detrás de la publicidad digital del Pacto Histórico
Entre el 29 de diciembre de 2025 y el 28 de marzo de 2026 el Pacto Histórico ha pagado $212 millones por 90 anuncios provenientes de recursos públicos por medio de su contrastista Deyby Cobos del MinTIC.
Durante la semana del 16 al 23 de febrero de 2026, el Pacto Histórico invirtió $18,164,468 pesos en publicidad política en Meta, cifra sin precedentes que lo posicionó en el primer lugar de gasto entre todas las campañas electorales en Colombia.
Esto llama la atención porque una persona natural no podría invertir $18 millones en tan solo una semana. La inversión superó en 23% al segundo lugar, “El Tigre es Creemos” ($14,762,019), y representó el 30,5% del gasto total del top 5 de campañas.
Proyección mensual y efectividad de la pauta
Proyectando estos gastos a nivel mensual, el Pacto Histórico podría invertir entre $72 y $75 millones. Como muestran las imágenes, la pauta se dirige a la página del Pacto Histórico, pero los contenidos buscan mover la campaña de Iván Cepeda.
El anuncio principal, con el lema “¡Que no nos roben ni un voto!” y dirigido a Iván Cepeda, alcanzó entre 500 mil y 1 millón de impresiones en apenas 16 horas, demostrando la efectividad de la publicidad.
La conexión: un teléfono que revela toda la operación
El rastreo comenzó con un dato aparentemente simple: el número de teléfono registrado como contacto de la campaña en la Biblioteca de Anuncios de Meta: +57 3114905338. Este dígito llevó a identificar a Deyby Geovanny Cobos Galvis, (esto se realizó con la herramienta OSINT Industries). representante de la empresa SUMAR TIC S.A.S.
SUMAR TIC y los contratos con entidades públicas
SUMAR TIC S.A.S es una empresa contratista con múltiples vínculos con el Estado colombiano. Sus registros en la Cámara de Comercio de Bogotá muestran contratos con instituciones como Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Agencia del Inspector General de Tributos (ITRC), entre otras.
No es una empresa ordinaria, ya que su participación en estos contratos la convierte en un actor clave dentro de la gestión del Gobierno Petro.
El sistema: 14 contratos activos de SUMAR TIC por $600 millones
Según los registros del Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP II), SUMAR TIC tiene actualmente 14 contratos en ejecución con instituciones públicas colombianas.
El portal público detalla la cronología completa: primero con la Secretaría Distrital de Integración Social en 2022 (Contrato 3594-2022) y, más recientemente, con desarrollos web para contenidos audiovisuales en RTVC durante 2025 y 2026.
Esto muestra que SUMAR TIC ha mantenido una participación constante en proyectos del Gobierno Petro, consolidándose como un actor relevante dentro del sector público.
$214 millones desaparecidos en los registros de SUMAR TIC
Los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá muestran una discrepancia alarmante. En 2024, SUMAR TIC reportó ingresos de $200,781,514 pesos. No obstante, según SECOP II, durante ese mismo período recibió $415,039,266 en contratos públicos.
La diferencia: $214,257,752 pesos, dinero que ingresó a la empresa pero no habría sido tomada en cuenta en su totalidad en sus balances oficiales.
Parte de esta diferencia podría estar en la declaración de renta de las personas naturales detrás de SUMAR TIC. Como no son funcionarios públicos, sus declaraciones son reservadas.
Ahora bien, la situación se agrava cuando se consideran otros indicadores. La empresa fue constituida el 17 de mayo de 2023 con un capital inicial de tan solo $30 millones, insuficiente para manejar flujos de $415 millones. SUMAR TIC reporta tener entre 0 y 9 empleados, según los documentos, una cifra inconsistente con el volumen de contratos que ejecuta.
Además, la obligación legal de reportar los estados financieros de 2025 a la Cámara de Comercio vencía el 13 de febrero de 2026. Aún no ha sido presentado, pese a que la empresa continuó recibiendo pagos del gobierno durante febrero de 2026.
Financiamiento del Pacto Histórico con recursos del Estado colombiano
El panorama que emergen de estos datos es incriminador. Una empresa recibe dinero del Estado colombiano, luego este desaparece de sus balances financieros y, aparentemente, lo puede estar redirigiendo para financiar campañas políticas. En este caso específico, el Pacto Histórico, cuya campaña está siendo coordinada desde el mismo número telefónico de Cobos Galvis.
Posibles delitos relacionados con SUMAR TIC y la campaña de Iván Cepeda
Los expertos legales identifican múltiples delitos potenciales: evasión tributaria (la empresa pagó impuestos sobre $200.7 millones cuando recibió $415 millones), malversación de fondos públicos, fraude contable, incumplimiento tributario, y potencialmente fraude electoral.
Se estima que $40 a $50 millones en impuestos no fueron pagados debido a la subreportación de ingresos. Los responsables potenciales incluyen Deyby Geovanny Cobos Galvis (persona natural), SUMAR TIC S.A.S (como entidad), el Pacto Histórico (como anunciante) e Iván Cepeda (como beneficiario político).
Siguientes pasos de la investigación sobre SUMAR TIC
Esta investigación se desarrolló únicamente con información pública verificable: Meta Ad Library, registros de RUES (Cámara de Comercio) y SECOP II.
Sin embargo, aún requiere revisión y validación por parte de las autoridades competentes en materia electoral, administrativa y de integridad pública.
Por eso, surgen preguntas clave para las autoridades:
- ¿Por qué una empresa con contratos públicos activos está financiando campañas políticas?
- ¿Dónde fueron los $214 millones reportados en SECOP II pero no en la Cámara de Comercio?
- ¿La Registraduría y autoridades electorales tienen conocimiento de estas conexiones?
Las respuestas podrían definir si Colombia ha presenciado el conflicto de interés electoral más grave de los últimos años, o si simplemente se trata de una coincidencia inexplicable.
