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El alto costo del presupuesto del Gobierno Petro y sus implicaciones políticas y económicas para el país

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El Presupuesto General de la Nación, de COP 546,9 billones, consolidó la mayoría legislativa de Gustavo Petro, pero lo logró a un precio político desmesurado: trueques de favores, ajustes selectivos y una presión electoral que ya alarma a amplios sectores.

Consecuencias políticas de la aprobación del presupuesto

La consecuencia más inmediata de la aprobación del presupuesto del Gobierno de Petro no es fiscal, sino política. La administración ha conseguido sostener sus mayorías en el Congreso mediante una meticulosa redistribución de recursos que fortalece decisivamente a las regiones aliadas y penaliza sistemáticamente a las que se mantienen al margen del oficialismo.

Ese delicado equilibrio de poder, sustentado con partidas y adiciones específicas, presagia un 2026 marcado por tensiones entre la financiación del gasto público y la ética de la gestión estatal.

El presupuesto como herramienta de control ejecutivo

El costo político se manifiesta en la percepción de que el Ejecutivo ha convertido el presupuesto en su principal instrumento de control. La mayor parte de los votos favorables provino de congresistas con aspiraciones de reelección que registraron incrementos en sus regiones o entidades cercanas.

Como consecuencia, de una falta de leyes de lobby en Colombia, es evidente que el “mercado de favores” siempre tienen un precio y un pago con un bolsillo que al parecer es prestado pero que finalmente es la sumatoria de cada persona del territorio nacional, algo así como usted y la gobernabilidad se revela precaria, sustentada exclusivamente en intercambios de favores y no en la convicción de un proyecto nacional.

El papel del Congreso y las alianzas negociadas

La plenaria del Senado aprobó el texto con 50 votos a favor y 27 en contra. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, lideraron la estrategia de concertación con bancadas del Partido Liberal, Conservador y de la U.

Para garantizar el apoyo necesario, se incrementaron significativamente las partidas destinadas a ministerios bajo control de aliados: 200.000 millones para el Ministerio de las TIC, dirigido por Carina Murcia Yela; 200.000 millones adicionales para el Ministerio del Deporte, con marcada influencia conservadora; y recursos suplementarios al Ministerio de Industria y Comercio, encabezado por Diana Marcela Morales.

Tácticas de concertación y su impacto en el equilibrio parlamentario

El presidente del Senado, Lidio García, desempeñó un papel clave para destrabar el trámite, mientras el conservador Alfredo Ape Cuello y el verde Wilmer Castellanos facilitaron los votos imprescindibles en sus respectivas cámaras.

Estas alianzas, más tácticas que ideológicas, evidencian cómo el Presupuesto General de la Nación se convirtió en la herramienta más eficaz del petrismo para mantener el equilibrio parlamentario.

Riesgos fiscales y consecuencias para el país

A pesar de su magnitud, COP 546,9 billones, el presupuesto requiere una reforma tributaria para cubrir un déficit de 16 billones. La iniciativa enfrenta resistencias dentro y fuera del Gobierno.

Impacto potencial sobre inversión y confianza fiscal

Si llega a fracasar, Colombia podría enfrentar congelamientos de inversión y una pérdida de confianza fiscal. En ese escenario, los departamentos que no respaldaron al oficialismo resultarían como los primeros afectados, repitiendo el patrón de premio y castigo ya observado en la distribución del gasto.

Gustavo Petro y la fragilidad de su victoria

El presidente Gustavo Petro presentó la aprobación como un rotundo triunfo de la responsabilidad fiscal, pero el fondo indica claramente otra lectura: un gobierno que, en su tercer año, se vuelve cada vez más dependiente de acuerdos de conveniencia.

Escenarios de desgaste político y desconfianza institucional

Lo que se proyecta como una victoria legislativa puede convertirse en un precedente de desgaste político, donde el uso del presupuesto como herramienta electoral socava la promesa de cambio y agudiza la desconfianza institucional en el país.

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