Influencers y Bodegas Digitales
Cómo opera la propaganda electoral financiada por el Gobierno Petro
De la Telemedellín de Quintero (2023) a la Telecafé de Petro (2025)
La estrategia de usar los medios públicos para fortalecer estructuras de comunicación política en el Gobierno Petro, financiadas con recursos estatales, no es nueva.
Durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, el esquema funcionó con guion propio: el canal público Telemedellín firmaba contratos por cientos de millones con empresas de producción o “medios ciudadanos” para crear contenidos que exaltaban la gestión de Quintero y atacaban a sus opositores.
La investigaciones El Colombiano, La Silla Vacía, Caracol Radio, El Armadillo reveló cómo una nómina paralela de influenciadores, candidatos al Congreso de 2022 y medios contratistas operaba como una bodega institucional con dinero de la Alcaldía de Medellín.
¿Telecafé y el Gobierno Petro?
Hoy, Telecafé reproduce el libreto: los contratos están enfocados en la creación de redes de medios alternativos, formación digital de comunicadores comunitarios, e incubadoras para medios emergentes.
Palabras nobles para un fin menos transparente: financiar, bajo figuras legales como convenios interadministrativos, una red de propaganda aliada al Pacto Histórico y al “Quinterismo”, ahora con alcance nacional.
Además, la gerente actual de Telecafé, Amanda Jaimes Mendoza, es oriunda de Cúcuta —la misma zona de influencia política de varios contratistas— y fue nombrada en 2024 por la junta administradora.
Su llegada coincide con el giro en la política contractual del canal, que pasó de ser un medio cultural regional a convertirse en una plataforma para financiar el discurso del actual gobierno.
Telecafé es una institución pública vulnerable a cosas turbias. Ya había estado en medio de la controversia por sus presuntos vínculos de corrupción con la red de las marionetas del difunto y corrupto senador liberal, Mario Castaño.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC, destinó $10.000 millones de pesos a un contrato con el canal regional Telecafé para crear una red de medios e influencers que difundan contenido oficial, en lo que se presenta como una estrategia de “pedagogía digital”.
Aunque el contrato no menciona propaganda directamente, su ejecución recaerá en subcontratistas miembros del partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U e Independientes.
La opacidad en la selección de estas empresas y la naturaleza del contenido —enfocado en redes sociales, portales web y vocerías digitales— plantea dudas sobre el uso de recursos públicos para influir en la conversación política desde canales no tradicionales, sin mayor control ni transparencia durante la época electoral.
Así reparten la torta entre Partido Liberal, U e Independientes en el Gobierno Petro
El contrato No. 063 de 2025 firmado entre Telecafé Ltda. y la empresa ESL Media Group S.A.S., por un valor de $1.505 millones de pesos, es presentado para la logística de los eventos de estrategia institucional para “fomentar la comunicación alternativa y fortalecer redes digitales en el país”.
Sin embargo, una revisión detallada del documento y de los actores involucrados revela algo muy distinto: una operación con características políticas, vínculos con redes clientelares cercanas a partidos políticos que en su mayoría hicieron parte de la coalición de Gobierno de Petro.
El contrato fue firmado por Amanda Jaimes Mendoza, representante de Telecafé, y Juan Pablo Castro, representante legal de ESL Media Group. En las últimas elecciones, Castro fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U.
El propietario detrás de la figura jurídica se encuentra Fabián Camilo Álvarez Rizzo, fundador y propietario de ESL en 2021 desde un apartamento en el barrio Cedritos en Bogotá.
Un político local con trayectoria en Norte de Santander. Rizzo fue concejal de Ocaña entre 2012 y 2015 por el Partido Liberal y ejerció como subgerente de ATN Televisión entre 2018 y 2024.
¿Y ahora?
Según fuentes políticas de Norte de Santander, Rizzo responde a una estructura de poder que ha operado por años en la región bajo el mando de William Villamizar Laguado, exgobernador de Norte de Santander, hoy investigado por la Fiscalía por múltiples casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La propia Revista Semana reveló recientemente el decomiso de bienes a Villamizar, relacionados con contratos cuestionados durante su gestión.
Es así como el objeto contractual indica que ESL Media Group debe organizar cinco encuentros nacionales dirigidos a medios de comunicación alternativos.
Cuatro de ellos serán regionales, con capacidad para 200 personas cada uno, y un gran evento nacional reunirá a 1.000 participantes. El listado incluye medios impresos, sonoros, audiovisuales, digitales y comunitarios.
El propósito formal es “promover el intercambio de experiencias” y “fortalecer la red de comunicación alternativa”.
Sin embargo, y como es ya común en Colombia, el contrato no establece cómo se seleccionarán los participantes, qué criterios se usarán para definir la red, ni cómo se auditarán los gastos logísticos y operativos, lo que genera un margen enorme para manipular la convocatoria a favor de aliados políticos y medios afines a la narrativa del Gobierno.
¿Qué hallazgos hay?
Una revisión a su expediente ante la Cámara de Comercio revela que ESL no registraba ingresos operacionales en sus estados financieros y reportaba pérdidas por más de $41 millones de pesos.
Tampoco tenía experiencia previa en contratación pública: no aparece en el SECOP con contratos anteriores ni como proveedor del Estado, y su actividad comercial había sido prácticamente nula desde su creación.
Así mismo, justo antes de la firma del contrato con Telecafé por $1.505 millones de pesos en mayo de 2025, la empresa añadió tres nuevas actividades económicas (CIIU): 7710 (alquiler de vehículos), 8010 (seguridad privada) y 5621 (servicios de catering), adaptando su perfil mercantil para cumplir artificialmente con los requisitos del contrato financiado con recursos del gobierno nacional.
Contrato a dedo entregado a Daniel Quintero
Desde el mismo contrato interadministrativo entre MinTIC y Telecafé subcontrataron a una empresa del círculo de los políticos Daniel Quintero y Albert Corredor.
La Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y Tecnológico Comunitario de Colombia —FUNDETEC— es contratista del gobierno colombiano a través del canal regional Telecafé, con un contrato por 1.624 millones de pesos para montar una escuela digital, una incubadora de medios emergentes y una plataforma de formación virtual.
Pero detrás de este proyecto que se presenta como innovación educativa, se esconde una organización con antecedentes inquietantes, conexiones políticas activas y una historia que remite al modelo de propaganda estatal usado en Venezuela durante el chavismo.
¿Quién es FUNDETEC para el Gobierno Petro?
FUNDETEC no es una entidad nueva ni ajena a la política latinoamericana. Su nombre aparece en los documentos que narran cómo Venezuela, bajo el mandato de Hugo Chávez, implementó el software libre como estrategia de soberanía tecnológica en medio de tensiones con Estados Unidos.
Fue esta fundación la que diseñó y difundió el sistema operativo Canaima GNU/Linux, creado para reemplazar productos extranjeros en ministerios, escuelas públicas y otras entidades del Estado Venezolano.
La idea no era sólo reducir costos en licencias, sino establecer un modelo educativo e informático bajo control ideológico, entrenando cuadros técnicos alineados con la narrativa del socialismo del siglo XXI. FUNDETEC se convirtió, así, en una herramienta clave en la digitalización ideológica del régimen chavista.
Aunque Canaima GNU/Linux se promociona como un logro en materia de soberanía tecnológica, su desarrollo bajo el control del Estado Venezolano plantea serias dudas sobre su transparencia y autonomía.
No existen auditorías independientes que garanticen que el sistema esté libre de mecanismos de vigilancia, y los repositorios de software son gestionados directamente por entidades gubernamentales, lo que impide verificar si las actualizaciones incluyen componentes intrusivos.
Su implementación obligatoria en instituciones públicas y educativas sugiere un uso con fines más ideológicos que técnicos, en un país donde el control de la información ha sido una herramienta clave del poder. En este contexto, Canaima se convierte menos en una opción libre y más en un instrumento potencial de vigilancia estatal.
En Colombia, Canaima GNU/Linux fue tomado como un caso de estudio de “software libre” en el proyecto de ley 353 de 2024 para que el país adopte uno propio. Fue promovido por los congresistas del Partido Comunes, defensores del régimen chavista.
Red política y propagandística de Fundetec y el Quinterismo
Gustavo Petro y Farid Parrado
¿Qué es de FUNDETEC ahora?
FUNDETEC aterriza en Colombia con el respaldo de Farid Parrado Corredor, empresario que recientemente aspiró —165 votos en 2023— a la Alcaldía de Sincelejo y que ha sido vinculado al movimiento Independientes, del precandidato Daniel Quintero.
Parrado no oculta sus aspiraciones ni sus nexos: ha dicho públicamente que recibió apoyo del exconcejal Albert Corredor, quien también es su primo, y uno de los operadores clave del “quinterismo”, y que tiene respaldo para ser parte de una candidatura con el Pacto Histórico.
Por otra parte, también se sabe que su llegada al petrismo fue facilitada por Rodrigo Ramírez, mano derecha de Nicolás Petro e integrante del círculo político más cercano al presidente.
Daniel Quintero y Farid Parrado
El contrato de 1.624 millones es para diseñar una plataforma digital tipo Moodle, una escuela de formación virtual y una incubadora de medios emergentes.
Pero ni FUNDETEC ni Parrado tienen antecedentes técnicos para ejecutar una operación de esa magnitud. No hay registros de experiencia, proyectos similares o contratos en el SECOP que avalen semejante adjudicación.
Lo que sí hay, es una fuerte conexión política con el “quinterismo”, un modelo ya probado en Medellín y que ahora se instala desde las entrañas del Estado Central.
En ambos escenarios —Medellín y el Eje Cafetero— se repite un patrón
- Contratistas sin trayectoria técnica visible.
- Figuras jurídicas como convenios interadministrativos, contratación directa, invitaciones privadas que evitan la licitación pública.
- Cambios recientes en los objetos sociales de las empresas para adaptarse a las convocatorias.
- Vínculos políticos directos con estructuras del “quinterismo” o del Pacto Histórico.
- Opacidad en los procesos y justificaciones vagas sobre el impacto real de los proyectos financiados.
La diferencia es que, esta vez, el modelo no se limita a una ciudad, sino que se proyecta desde canales regionales hacia el nivel nacional, en una estrategia más ambiciosa y con más presupuesto.
Lo que nació en Medellín como un experimento de propaganda digital financiado con contratos de Telemedellín, hoy se refina y se reproduce en Telecafé, bajo el manto del Estado y con recursos del presupuesto nacional.
Mientras tanto, los verdaderos medios comunitarios y alternativos siguen a la espera de recursos, formación y plataformas de visibilidad.
La política, una vez más, los desplazó para usar su nombre como disfraz de una maquinaria que no construye ciudadanía, sino clientelas digitales.
